Ruido y enredo causa Ley electoral del 2007

> Las multas son el pan de cada día ante las limitaciones e imprecisiones en el uso de tiempos, aplicación de reglas y acotaciones a la labor periodística

Lo dijeron un 12 de septiembre, ya casi 13, de 2007, día en que se festeja a los “Niños Héroes” mexicanos.

“Más Constitución y menos televisión”, clamó Santiago Creel, entonces coordinador de la bancada panista en el Senado.

“Quienes quieren hacer valer, simplemente, su fuerza o poder acumulado, que no se equivoquen, porque podrán doblar a más de un político, pero nunca quebrar al Estado”, se anotaba Manlio Fabio Beltrones, por el PRI.

“Los poderes fácticos nunca se imaginaron que al agredir, como lo han hecho, a la Cámara de Senadores iban a encontrar la solidez, el cierre de filas y la altura (de miras) entre los legisladores”, advirtió Carlos Navarrete, al frente de los senadores perredistas.

No eran héroes, pero querían envolverse en la bandera del patriotismo para salvar al país de los “injustos”.

La confrontación con los concesionarios de radio y televisión había surgido a partir de lo que llamaron un problema de “espotización” en los procesos electorales.

No era lo único; había pasado la elección del 2006, en la que resultó ganador el panista Felipe Calderón, y aún estaban frescas algunas fallas o imprecisiones achacadas al entonces consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

La “heroica proeza” preparada por los senadores, y endosada a los diputados, incluyó, entonces, el desmantelamiento del Instituto Federal Electoral. “Una verdadera y necesaria renovación”, justificaban.

Contra la reforma nadie pudo. Ni Joaquín López-Dóriga, ni Javier Alatorre, ni Pedro Ferriz de Con. Contra el desmantelamiento del IFE nadie intervino; simplemente decapitaron.

La reforma, diría Creel, destierra dudas sobre el origen y el destino del dinero, eliminando el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y, además, evita que la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, decidan las elecciones”.

“El que vota manda, no el que paga”, afirmaba.

Beltrones criticaba la defensa de los representantes de los medios electrónicos y tocaba un punto neurálgico: “¡Que quede muy claro: Nada hay en la reforma electoral que atente contra la libertad de expresión! Los ciudadanos y quienes laboran en los medios podrán, como debe ser, hacer uso de su voz hoy, mañana y siempre, para expresar lo que quieran, aun si lo que dicen puede faltar a la verdad!”.

“¿Qué defienden (los concesionarios), el país del spot y los ratings, o el derecho de los ciudadanos a obtener información que sirva para orientar sus decisiones?”, cuestionaba.

“La decisión es de fondo, no hay complicidad. En 2006, México estuvo a punto de sufrir una crisis política verdaderamente insuperable”.

Desde el mismo momento en el que se conocieron los resultados de la contienda del 2006, a Ugalde y a los consejeros electorales se les etiquetó como responsables de una supuesta pérdida de credibilidad del IFE.

Iban contra la autonomía del organismo y la cabeza de sus miembros. Propusieron, entonces, una renovación escalonada de los mismos.

Ugalde no esperó a que se diera la señal de operar la guillotina para consumar el linchamiento y renunció al cargo al frente del IFE.

La reforma electoral, las causas esgrimidas y las medidas contra los integrantes del IFE, por supuestas anomalías no enfrentadas en el proceso federal del 2006, desató una lluvia de acusaciones y reclamos.

¿Quién tenía la razón? Llegó a hablarse, incluso, de un fortalecimiento de la “partidocracia”, en la que están inmiscuidos, hoy, muchos que participaron, entonces, en aquellas decisiones y que ahora se preocupan por una modernización del sistema político mexicano proponiendo pomposos cargos y figuras de gobierno.

Han pasado casi cuatro años y medio de aquel cisma y los resultados o las consecuencias cada día aumentan. Los riesgos se acercan, ahora, al proceso del 1 de julio próximo.

UN ‘GRINCH’ EN EL VERANO DEL 2012

Porfirio Muñoz Ledo dijo la semana pasada que la Ley Electoral reformada en el 2007 se hizo “sobre las rodillas y con mala leche”.

Fue una voz en medio de la tormenta.

En abril de aquel año hablaba de “la madre de todas las reformas” e incluía la refundación del IFE y la remoción del Consejo General Electoral. Es decir, estaba en sintonía, aunque en ese entonces no era ni diputado ni senador.

A finales del 2011, el senador Manlio Fabio Beltrones admitió “algunas fallas” sobre aquella modificación.

Faltan cinco meses y medio para la elección federal del 1 de julio y las mentadas “correcciones” a esa ley sólo confunden, en el menor de los casos; en el peor molestan, irritan, dañan, ensucian, limitan, coartan, todo aquello que tiene que ver con los procesos electorales.

La culpa, indudablemente, ya se ha dicho, no es de quien aplica los términos de la ley (el IFE), sino de quienes la confeccionaron en su momento (diputados y senadores), empujados por cuotas de protagonismo a costa de quien, se creyó, era el culpable de las calamidades de un sistema electoral en proceso de perfeccionamiento.

Ahora, ¿cómo explicarnos esta desbocada tarea de sabotear, al estilo del “Grinch”, cualquier elemento presuntamente atentatorio de las nuevas reglas electorales?

Está claro que el IFE obra con las armas que el Congreso le dio. Y ante ello no es difícil entender la confusión que rodea la organización de debates y su difusión. Cada quien interpreta la ley a su modo.

O la aplicación de multas, a diestra y siniestra, a partidos y medios de comunicación, como ocurrió, la semana pasada, contra el PT y Movimiento Ciudadano, con 5.9 millones de pesos, por la transmisión de spots en favor de Andrés Manuel López Obrador utilizando al actor Jorge Arvizu y, presuntamente, violando el principio de equidad e incurriendo en actos anticipados de precampaña; o el citatorio (oootro más) a un directivo de IMPACTO (esta vez tocó el turno a Hugo Páez, subdirector general) para aclarar si lo dicho en una entrevista a Miguel Ángel Mancera se hizo a título personal, se indujo o en qué características se dio.

Hoy, gracias al hígado, de hace cinco años, de los legisladores, los dientes del IFE están por todos lados.

A finales del 2011, Ugalde calificaba de “trabalenguas” la Ley Electoral modificada en el 2007 y advertía sobre las consecuencias, para el proceso electoral del 2012, de una “mala reforma”.

Los legisladores, dijo, pensaron que se puede normar el comportamiento humano "con bozales, con rejas, con candados".

"A mí me parece una mala reforma, porque son reglas que sobrerregulan la cancha del juego, no atacan los problemas de fondo, ponen curitas o merthiolate en la superficie de la piel en lugar de atacar el fondo del problema".

Ugalde, finalmente, llegó a donde llegan todos los afectados por una u otra supuesta violación de las reglas: El problema es que al regulador se le da una mala ley y le dices aplícala, y el IFE trata de aplicarla. El problema es del Congreso, no del IFE.

ANTE LA DUDA, TV Y RADIO CONSULTAN

A partir de la orden del Tribunal Electoral de investigar a las emisoras que entrevistaron a los candidatos a la gubernatura de Michoacán, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) envió al IFE, la semana pasada, el siguiente cuestionario para comprender a qué le tiran quienes organizan debates entre aspirantes a puestos de elección popular:

1- ¿Los debates están amparados en la actividad periodística?

2- Cuando se transmite un debate íntegramente, ¿se suspende la transmisión de los tiempos oficiales (spots) de partidos políticos?

3- ¿Los debates sólo pueden ser organizados por partidos y/o por autoridades electorales?

4- ¿Cuáles son los formatos permitidos?

5- En relación con el criterio de "sistematicidad", ¿existe un límite al número de debates que se podrían transmitir?

6- ¿Se debe de invitar a todos los precandidatos? ¿Qué acontece con los precandidatos únicos?

7- ¿Se pueden transmitir debates en periodo de inter-campañas?

8- ¿Un debate para la elección en una circunscripción determinada se puede transmitir en una zona geográfica más amplia o distinta?

"Hemos solicitado una definición formal sobre debates a la autoridad electoral para contar con una elemental seguridad jurídica", señaló la CIRT ante un claro temor de ser sancionados por cualquier cosa.

"Los fallos son inocultables y requerimos respuestas formales, no meras declaraciones, pues las cientos de investigaciones que están en curso y las sanciones que se han impuesto, claramente, son un atentado a la libertad de expresión en México", reclamó.

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‘A mí me parece una mala reforma porque son reglas que sobrerregulan la cancha del juego, no atacan los problemas de fondo, ponen curitas o merthiolate en la superficie de la piel en lugar de atacar el fondo del problema’.

Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE