Los empleados del IFE como dueños de la ley

Es el caso que acudí a la reposición de mi plástico electoral, que fue extraviado. Hice cita, llevé original y copia de todo lo habido y por haber. Mi oficina me preparó un dossier excesivo, pero seguro. El primer empleado que me recibió fue más que amable y comedido, pero su función se limitaba a recibir mis papeles, a ofrecerme un asiento y a indicarme la ventanilla de turno que me hubiere correspondido. Hasta allí, puro ensueño y dulzura.

Pero llegó mi amargo despertar. El empleado de turno y su alto jefe, a quien llamaba como “el encargado de la oficina”, de nombre Juan Manuel Ávila Luna, me informaron que yo estaba, irremediablemente, desahuciado para la vida electoral de este país. La razón, desde luego, oral y no explicada, fue “que mi acta de nacimiento estaba mal redactada”.

Esto no es exacto. Mi acta es totalmente pueblerina, pero perfectamente bien redactada. Mi pueblo natal es, hoy, una ciudad importante, pero en aquel entonces era casi una ranchería, aunque no salvaje. El registrador civil era, al mismo tiempo, el alcalde y, casi siempre, era un hacendado debidamente letrado. La elegante caligrafía de dicha acta así lo denota. Además, mi padre, al registrarme, ya era un prestigioso abogado y uno de los tres políticos más importantes de nuestro estado. Esto significa que él mismo revisó el acta de su hijo y el alcalde lo atendió con mucho esmero.

Mi primera reacción fue una estupidez. Como abogado que soy, les informé que ellos no podían desestimar el valor de un documento público que no ha sido impugnado por alguien. Para maldita la cosa me sirvieron la ley y su conocimiento. Su respuesta-consejo fue que sacara otra acta, que estuviere bien redactada. En silencio, la mente me indicó que eso es imposible. Puedo promover la corrección de los datos equivocados, que no es el caso, pero a ninguna autoridad puedo obligar a redactar sus actas al gusto y capricho del IFE.

Desde luego, no me puse a recitar artículos una la ley que estos androides no entienden, sino que recurrí a un razonamiento. Tan mi acta estaba correctamente redactada que nunca he tenido problema alguno y esa acta ha pasado por múltiples filtros. Aquí, ya, su respuesta fue lépera, al decirme que las autoridades de antes se atenían mucho a la buena fe y, por eso, los sorprendían muchos tramposos. No les menté la madre, como hubiera procedido. Tan sólo me retiré sin despedirme.

Agregaron que ellos estaban para cumplir la ley. ¡Vaya mezcla de estulticia y soberbia! Ellos estaban, precisamente, violando la ley, y no cuidándola. Están equivocadamente convencidos de que la democracia mexicana se lo debe todo al IFE, y nada a los ciudadanos. No se dan cuenta de que muchos mexicanos, quizá la mayoría, ven al IFE como una institución desleal, mentirosa, ambiciosa, onerosa, deshonesta, tramposa, convenenciera, indolente e innecesaria. Que ella es la culpable de la perturbación del quehacer público y de la contaminación del ejercicio político. No digo que tengan razón, sino que esa es su percepción.

Son los ciudadanos los que sufren y se quejan de que esa institución los obligue, periódicamente, a realizar engorrosos trámites para obtener o revalidar un cartón o un plástico que les resulta indispensable para identificarse y, de último paso, para votar en unas elecciones que, a la mayoría, no les interesan, no les esperanzan y no les convencen.

A los burócratas de mi encuentro no era el caso decirles que, con esa acta que ellos descalifican, yo he transitado por varias universidades como alumno y como maestro. He trabajado en cinco dependencias federales y en dos locales. He tenido pasaportes durante toda mi vida. Soy derechohabiente del ISSSTE y contribuyente del fisco. Tengo RFC y CURP. Me he casado y he tenido hijos, todo debidamente registrado. Para efectos electorales, he tenido credencial desde que se inventaron, pero, además, he contendido y triunfado electoralmente. Es decir, sin mayor problema, y ante el escrutinio de los partidos adversarios, el IFE me ha registrado como candidato y me ha expedido la constancia de mayoría para ser diputado federal.

Por eso puedo jurar lo que es del dominio público y de los registros del gobierno: que mi acta natal jamás ha sido impugnada ni cuestionada porque, además, está perfectamente redactada. No la defiendo por ser la mía. No es mi obra, sino la de unos empleados municipales muy modestos, pero muy aplicados a su quehacer y muy respetuosos de sus leyes.

En fin, ya encontraré la solución jurídica de un problema que no me agobia, pero me abruman los millones de electores desprotegidos ante una institución a la que los mexicanos no quieren ni respetan y que, contra su voluntad, obedecen y mantienen.

Abogado y político.

w989298@prodigy.net.mx

* Siete veces ex subprocurador en las procuradurías General de la República y del Distrito Federal