Macartismo electoral

>Resalta que entre los incluidos esté Manuel Cavazos Lerma, ex secretario de Acción Electoral del PRI y responsable del triunfo de Fausto Vallejo en Michoacán, en donde la gran perdedora fue Luisa María Calderón, hermana del Presidente

>Este último entramado dio paso al ‘sospechosismo’, pues cómo explicar que la PGR y la SCT tardaran casi 18 horas en explicar la extralimitación de funcionario menor difundiendo una supuesta ‘alerta migratoria’, pero reconociendo que Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández figuran en una averiguación previa

El 7 de julio del 2011, Manuel Cavazos Lerma se daba gusto acuñando frases: “Nadie juega al póker abierto, y menos yo… la del 2011 será la madre de todas las batallas y el PRI no es de temores ni temblores”.

La madre de todas las batallas a la que se refería el entonces secretario de Acción Electoral del PRI era la de la gubernatura de Michoacán, en la que María Luisa Calderón, hermana del Presidente de la República, fue la candidata a vencer. Cuatro meses después, el 14 de noviembre, el priísta Fausto Vallejo ganó a la candidata del PAN; siete días antes fue asesinado el popular presidente municipal de La Piedad Cabadas.

El crimen de Ricardo Guzmán Romero, de militancia panista, y otras acciones relacionadas con la supuesta intervención del narco en el proceso electoral, ha sido utilizado como argumento de “Cocoa” para explicar su derrota. Es probable, como lo puede ser que, ahora, alguien lo esté ligando a la investigación a que están siendo sometidos 46 tamaulipecos, entre ellos tres ex gobernadores priístas, pero en especial Manuel Cavazos Lerma, responsable del triunfo priísta en Michoacán.

REVIVIENDO A GERMÁN MARTÍNEZ

Siendo mera especulación, no parece jalada de los pelos, porque Cavazos Lerma será candidato del PRI a senador. Nada ayudaría más a la causa del PAN, en el proceso electoral de julio próximo, que aprehender a un ex gobernador priísta por supuesta o real vinculación con el narcotráfico, un deseo que, a pesar de discursos y campañas mediáticas, hasta hoy no se ha traducido en los hechos.

Por ahora, sin más elementos a la mano y dada la reacción del PRI, en especial la de su precandidato único a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, que anunció el sostenimiento de la candidatura de Cavazos Lerma, debe desprenderse que los priístas tienen razón al sospechar de la reedición de la campaña macartista de 2009, con la que el entonces líder nacional del PAN, Germán Martínez, pretendió ganar la Cámara de Diputados y varias gubernaturas.

Dicho de otra manera, el crimen organizado, no las novedosas formas de enfrentarlo que todo el mundo promete, pero que nadie acierta a explicar, sino la asociación que algunos personajes de la política pudieran mantener con los delincuentes, será el sello distintivo de la lucha por la Presidencia, ésta sí, la madre de todas las batallas.

Y en medio de esta guerra encarnizada entre las fuerzas políticas se encuentra la procuradora Marisela Morales sin más escudo que su incuestionable valentía, profesionalismo y apego a la ley.

LA PGR, ATRAPADA EN LA GUERRA ELECTORAL

Empujada por su profesionalismo, reconocido por el Congreso de la Unión, así como por su valentía personal, enaltecida por las mujeres más influyentes de Estados Unidos, Michelle Obama y Hillary Clinton, la señora Morales escaló a la cúspide de la pirámide de la procuración de justicia en una carrera emprendida cuando aún estaba en la universidad, hasta convertirse en la primera procuradora general de la República y el primer agente del Ministerio Público que llega hasta esa posición clave, reservada, por siglos, a los políticos.

Hoy, atrapada en la guerra electoral (contaminada por la entablada por Felipe Calderón, desde el inicio del sexenio, contra el crimen organizado) debe encontrar la forma de hacer su trabajo manteniéndose al margen del macartismo con que el PAN pretende mantener la Presidencia de la República.

¿Macartismo?

Desde el 2009, y con Germán Martínez al frente, el PAN acudió a esta estrategia inspirada en el senador norteamericano Joseph McCarthy para deshacerse de sus opositores. A la mitad del siglo pasado, en Estados Unidos, bastaba el señalamiento de comunista para ser ejecutado ante la opinión pública o caer preso; en México, el riesgo que corre, hoy, cualquiera con aspiraciones es ser colocado en las listas filtradas a los medios de comunicación como supuesto o real sospechoso de vinculación con el narcotráfico, peor aún si el nombre queda encuadrado en una averiguación previa.

SENADO DA VOTO DE CONFIANZA A MARISELA

Cuando el Presidente Calderón propuso el nombre de Marisela Morales al Senado de la República, la ex subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada tuvo que sufrir la exigencia de los legisladores priístas de comprometerse a no permitir el uso electoral de la PGR.

No tuvo problema para ser aprobada por los priístas, a pesar de que el senador por Chihuahua, Fernando Baeza, puso reparos, pues su pariente, el ex gobernador Reyes Baeza, había sido investigado en sus cuentas bancarias. El coordinador Manlio Fabio Beltrones, simplemente, razonó que no podían oponerse a quien inició su carrera desde la Defensoría de Oficio de la procuraduría de Justicia del DF y que al licenciarse en Derecho se convirtió en agente del Ministerio Público, además, venía, de Washington, de ser reconocida por el gobierno norteamericano por su valentía y honestidad. Fue así que la maestra Morales obtuvo los 33 votos tricolores.

No ocurrió lo mismo con los perredistas, que tenían muy presente el llamado “michoacanazo”, la detención de una treintena de presidentes municipales y funcionarios del gobierno local, incluidos un priísta y un panista, que luego fueron liberados por un juez al que la PGR aún intenta fincar responsabilidad. Del grupo sólo se encuentra prófugo el ex diputado federal Julio César Godoy, hermano del gobernador Leonel Godoy.

Además, los perredistas y, en general, los senadores del Partido del Trabajo y de lo que aún era Convergencia no olvidan que Morales fue la figura central del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno en el sexenio pasado, acción que, para ellos, fue parte de la estrategia del gobierno de Vicente Fox para impedirle ser candidato presidencial.

Los perredistas omiten que durante la gestión del general Rafael Macedo, la PGR se concretó a cumplir con la orden del Poder Judicial de la Federación de tramitar, ante el Congreso de la Unión, el desafuero al jefe de Gobierno para juzgarlo por la reiterada violación a un amparo concedido a los propietarios de un predio llamado “El Encino”. No fue una acción decidida unilateralmente por el procurador; de haber incumplido, él habría sido separado de su puesto y sometido a proceso penal.

En cuanto al “michoacanazo”, la liberación de los implicados con el crimen organizado tuvo que ver con el cambio de penal de los que estaban presos; otros fueron liberados de inmediato porque no había pruebas en su contra. El entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, escuchó la petición de moverlos de Nayarit a Michoacán, y en su entidad encontraron a un juez que los sacó de prisión.

DE HANK RHON A CAVAZOS LERMA

Pronto tuvo la procuradora otro asunto escandaloso no imputable a ella, sino al Ejército. Un nutrido grupo de soldados ingresó, en Tijuana, a la casa del ex candidato a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rhon, con el sobado pretexto de que en el inmueble estaba almacenado un cargamento de armas. El problema fue que carecían de orden de cateo. El ex alcalde de la ciudad fronteriza recuperó su libertad porque así lo ordenó una jueza que se concretó a aplicar un libro llamado Constitución; la embestida mediática la recibió la PGR, y no las Fuerzas Armadas.

Hay muchos más casos, pero estos fueron los emblemáticos, hasta que el periodista Ramón Alberto Garza difundió, el lunes por la mañana, en su revista digital “Reporte Índigo” la existencia de una “alerta migratoria”, ordenando impedir que tres ex gobernadores de Tamaulipas, todos de filiación priísta, pudiesen abandonar el país.

La publicación tomó de sorpresa a la propia PGR.

EN TAMAULIPAS TODOS SON SOSPECHOSOS

Resulta apenas natural que la autoridad ponga interés y hasta abra una averiguación previa sobre los ex gobernadores de Tamaulipas. En los últimos 15 años, el crimen organizado se adueñó de la entidad. Los episodios se suceden con escalofriante cotidianeidad como para mantenerse impasible. Lo mismo es ejecutado un candidato a gobernador que masacrados, en una espeluznante jornada, 70 inmigrantes, o cientos de cadáveres apilados en narcofosas; esto, sin descontar el pago de piso y tránsito, secuestros, extorsiones, etcétera.

A nadie debe extrañar tampoco que desde 2009 se abriera una averiguación previa basada en el testimonio de un narcotraficante; aquel fue el año del macartismo panista, que, sin embargo, no tuvo resultados exitosos en las urnas, pues el PAN perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, así como varias entidades federativas.

Lo extraño, en todo caso, es que, tres años después, la PGR solicite a la Secretaría de Comunicaciones información sobre los recientes movimientos, dentro y fuera del país, de 46 ciudadanos, entre ellos los tres ex gobernadores priístas, pero más raro aún resulta que, sin conocimiento de sus superiores, un funcionario menor interprete la petición como “alerta migratoria” y disponga impedir la salida, de territorio nacional, a los ex mandatarios, uno de los cuales, Manuel Cavazos Lerma (cuyo mandato concluyó 14 años atrás), está en la lista de los priístas que serán candidatos a senadores.

Y, por si fuera poco, cómo explicar que la PGR y Comunicaciones tardaran casi 18 horas en difundir una explicación oficial hablando de la extralimitación del funcionario menor, pero reconociendo que los nombres de Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández figuran en una averiguación previa.

LA LENTITUD SOSPECHOSA

Es cierto que, en palacio, la vida transcurre despacio, pero, en este caso, la lentitud da pie a la sospecha de que la estrategia macartista de Germán Martínez ha sido puesta en marcha de nueva cuenta.

No se trata de descalificar a la autoridad porque ¿quién puede garantizar que el crimen organizado no se ha infiltrado en los partidos políticos, como lo ha hecho en todos los sectores de la sociedad, incluidos los organismos cuya misión es combatirlo?

En todo caso, sospechosa es la tardanza de las acciones, por más que la investigación y la integración de las averiguaciones previas tengan su propio ritmo.

Si Cavazos Lerma, Yarrington o Hernández tienen algún vínculo con el crimen organizado, ha pasado el tiempo suficiente, desde la conclusión de sus mandatos, como para que ya se hubiese ejercido acción penal sobre los tres o alguno de ellos.

Cuando Eduardo Medina Mora se marchó a Londres como embajador, los senadores priístas tuvieron la percepción de que fue arrojado de la PGR por negarse a perseguir sin pruebas a gobernadores señalados por el panismo como aliados del crimen organizado.

A partir de entonces han exigido a sus sucesores no utilizar la procuración de justicia como arma electoral. Arturo Chávez Chávez hasta estuvo en dos reuniones.

Los acontecimientos del lunes, a partir de la difusión de la falsa “alerta migratoria” en contra de los tres ex gobernadores, permitieron al PRI insistir en el uso electoral de la PGR.

Cierto o no, ya por lo menos se sabe que los tres están en una averiguación previa cuyo contenido nadie conoce, por imposibilidad legal, como bien explicó el subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas.

Ante todo esto, no parece casual que el señalamiento contra Cavazos Lerma tenga que ver con la derrota de Luisa María Calderón en Michoacán, pues si alguien es responsable del triunfo del priísta Fausto Vallejo es el ex gobernador tamaulipeco.