La República demanda de un secretario de Gobernación, y no de un incondicional más
Poiré miente otra vez
Por Gabriel Reyes Orona
Insiste en apoyarse en esos filósofos orgánicos que enarbolan los méritos académicos sobre toda experiencia administrativa
Hace menos de un año que Alejandro Poiré lanzó su palabra en prenda para desenmascarar lo que él llamó los diez mitos de la lucha contra el crimen organizado. No lo hizo, o, lo hizo en lo oscurito, porque su bravata no pasó de ser un lance publicitario más, de un experto en financiamiento electoral que ha sabido cobrar su reprochable conducta en el 2006.
Ya en anterior publicación analizamos su frágil, intempestiva e insustancial preparación y trayectoria, para erigirse en presentador de acciones y tácticas en el mundo de la inteligencia civil. Hoy, los mismos comentarios invitan a la risa al verlo como titular del Ministerio del Interior.
En el fondo y en corto, reconoce que no es un político, que carece de preparación para el puesto, pero habla con el mismo tono autosuficiente de quien esconde con voz engolada la realidad. No sólo no conoce el país y sus necesidades, sino que insiste en apoyarse en esos filósofos orgánicos que enarbolan los méritos académicos sobre toda experiencia administrativa.
Si es un hombre de buena fe o de buenas intenciones, no se pone en duda, pero el tema se ha vuelto irrelevante. Lo que México necesita en esa posición es alguien que sepa privilegiar su deber frente a la Nación, sobre mal entendidas lealtades a quien lo puso.
De qué libro o conferencia le viene la capacidad de tratar movimientos sociales, de qué laboratorio le surge el oficio para tratar a gobernadores de diferentes sellos. Cuáles han sido los ensayos que le han aportado la visión -plural e incluyente- necesaria para pararse en un mosaico que fragmentado consolida la raíz nacional.
La ciega sumisión no sirve al país, aunque se disfrace de lealtad. Viviendo un difícil episodio de la política nacional donde un gobierno policiaco y opaco, se dice humanista y democrático, se vivirán elecciones que mostrarán las más bajas pasiones y prácticas de un gobierno que diciéndose ciudadano ha usado pertinazmente la judicatura y la persecución para sesgar el resultado. En ese proceso la República demanda de un Secretario de Gobernación y no de un incondicional más.
LA SEQUÍA
El titular de la Segob es el enlace de los poderes, no el mensajero de uno de ellos frente a los demás. No es la operación para refutar el mensaje del Congreso lo suyo, sino la de propiciar condiciones de acuerdo y concordia que permitan se apruebe los ordenamientos que los mexicanos demandan.
Hay quienes piensan que entre los humanos lo único ilimitado es la miseria, y la política bien hace pensar en ello. La desgracia que sufren nuestros hermanos del Norte ha demostrado qué tan bajo pueden caer quienes se aferran al poder, al costo que sea. El cálculo electoral fue lo único que inspiró el tercermundista espectáculo brindado por los miembros del gabinete, que alegaban dudas para entregar los recursos públicos a los afectados por la sequía.
Le guste o no al Ejecutivo, su labor es la de ejecutar, la de ser mandatario no mandante. Aunque tengamos un Congreso de deber distraído, apabullado por coordinadores que no coordinan, la Constitución Política es clara, los recursos públicos son asignados por la Cámara de Diputados y sólo ella puede autorizar gasto federal. Siendo así, corresponde solamente a los legisladores decir cuánto, cómo y a quién le deben entregar sumas procedentes de la recaudación federal.
En tanto el tricolor fue gobierno, nadie se atrevió a proponer ordenamientos que formalizaran el abuso, la discrecionalidad y el autoritarismo presupuestario, pero al llegar al poder el partido que no había tenido más costos que saliva, no hubo quien se opusiera a aprobar una reforma que deforma nuestro esquema de gasto federal, al aprobarse la deleznable Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Es ese ordenamiento -surgido de la mano de Gil Díaz- el que permite al gobierno convertirse en una monárquica autoridad centralista que desconoce nuestro pacto constitucional. Tan aberrante ordenamiento motivó con su presentación que inusitadamente se reservaran para su discusión todos y cada uno de sus deficientes preceptos, pero, como suele suceder, un lamentable acuerdo en lo oscurito acabó con la oposición priísta y permitió el nacimiento del engendro.
Pero con el papel no se consigue materializar el atropello, se precisa de funcionarios que sirvan a un proyecto político y no a la Nación para que el esquema opere en contra de los mexicanos.
O-PACO Y GUARDADITOS
Desde la llegada de Corderón a la SHCP, se consumó en contra de la República la bien planeada estrategia para operar la elección federal con caudales apartados del erario federal de forma paulatina, gradual pero consistente.
Sin experiencia en financiamiento público, ni en la banca pública o privada, y con el único mérito de haberse convertido en asesor sombra de Calderón en su verano harvariano, se colocó en una segunda posición en Banobras, sin que nadie cuestionara el ilegal nombramiento. Con el primer boleto comprado en las tinieblas, siguió construyendo un camino amontonando cargos que se justificaban unos por otros y ninguno en su conjunto.
Su clara misión, operar. Un viejo resentimiento contra el gobierno lo hacía el personaje idóneo para firmar sin ver, cuando de favorecer a los colegas del partido se tratara.
En ese entonces se comenzaron a crear fondos y guardaditos, so pretexto de estar generando caudales para la creación de infraestructura, que por supuesto sólo existe en las estadísticas oficiales, pero que en la realidad no es sino pinturita de letreros y de carreteras.
Gil Díaz ya había iniciado pláticas con los peninsulares que buscaban quien les hiciera lobbying en el sector de los hidrocarburos y en las telecomunicaciones. Su ahijado Suárez Coppel tenía llaves de temas rentables como Repsol, y el padrino de Chicago, dedicó sus mejores últimos meses para jugar al gestor ante Cofetel, descuidando por supuesto la supervisión de bancos, que hicieron de tal circunstancia ocasión para imponernos mal servicio pero caro. El premio llegó, en la forma de un puesto que justifica gastos que no podrían hacerse con una jubilación de Banxico; ni con los sueldos acumulados en la SHCP.
Agradecido, orientó al hijo que no obedeció a Calderón Vega. Primero sacó de la grilla a su entenado, Agustín Carstens. Lo mandó -con apoyo de la silla española- a un puesto de segundo nivel en el FMI para granjear la primera posición del gabinete, ya que el recuerdo de que Carstens fue el encargado de hacer pasar la fusión Banamex-Citibank, dejaba un sabor a quebranto oficial inaceptable.
Así fue como apoyado en una interpretación, comenzó a generar sobrantes y remanentes que no se aplicaban a su destino constitucional y que iniciaron el saldo de guardados en lo oscurito. Después, alegando el principio contable del devengado, consideraba ejercido el gasto y por tanto sustraído de la capacidad del Congreso su reasignación. Poco a poco, se creó una bolsa de proporciones tales que permitía hacer política a gran escala, a espaldas del Legislativo.
Pero diversos preceptos constitucionales se convertían en un riesgo de que alguien se enterara y fincara responsabilidades por los desvíos simulados. Por ello, en el toma y daca de la más baja grilla, la tecnocracia de Chicago y el PAN acordaron la aprobación de la nueva ley presupuestaria que vendría a dar apariencia de legalidad a lo que se había hecho y a dar tranquilidad a quienes desviaran cuantiosos recursos al equipo de campaña para ganar, haciendo lo que haiga que hacer.
En ese tablero del financiamiento oficial y la vigilancia de Estado llegó Poiré, con el inocente disfraz de la toga y el birrete.
SUBEJERCICIO, SOBRE-EJERCICIO
Aunque aparentemente lo olvide Santiago Creel, la conveniente relación que armaron con los poderosos grupos gasolineros, les abrió un mundo de oportunidades a quienes autonombrándose ciudadanos eran supuraciones del partido oficial. Pocos recuerdan de dónde salió - casi de la nada- la profunda relación con Mouriño, a la sazón sobresaliente operador del gremio gasolinero, que tan gratos recuerdos trae a Salvador Vega Casillas.
El dueto Gil-Creel ya había dado resultados en eso de mandar dinero al hoyo negro, lo hicieron con ISOSA; que no pasa la prueba de la risa, pero hizo a más de un millonario, dejando algún muertito cuya muerte aún no se explica. Santiago “el desmemoriado” sabe que el que parte y reparte, se queda con la mejor parte, por eso no será extraño verlo en el proceso de selección de candidato del PAN en el 2018.
Pero con el tiempo el garlito de los “apoyos” de los magnates gasolineros fue insuficiente, se acudió entonces a un nuevo programa de jineteo de dinero público, que hoy conocemos de cariño como subejercicio. En este nuevo circo Corderón y sus seguidores juegan un papel sustantivo.
Fue así como hicieron que la población, los destinatarios de los programas oficiales, los afectados de las desgracias, los que nada tienen, tengan que esperar a que un “cadenero presupuestario” deje de especular con los recursos públicos, derivándolos a empresas privadas que generan rendimientos de manejo discrecional por la alta burocracia. No en vano el IMSS y TELEFÓNICA FINANZAS se volvieron tan amigos, contando con la venia de Corderón.
De tal forma se inventaron las famosas Reglas de Operación, que no son sino un vulgar chantaje en contra de Gobernadores y Presidentes Municipales, las cuales cobijan un manejo abusivo, sesgado y tendencioso de los dineros públicos, con objetivo claramente electorero.
La llave del dinero es uno de los instrumentos antidemocráticos del partido oficial para hacer política debajo de la mesa. Otra, es la de los “expedientes y acusaciones” que salen de la chistera gubernamental. Los cierres presupuestarios anticipados y las reasignaciones administrativas más allá de las partidas correspondientes a remuneraciones, son sobreejercicios de facultades que ni Poiré, ni la justicia azul son capaces de ver.
QUÉ TANTO ES TANTITO
Alejandro Poiré, no acreditó cuáles eran los mitos en la guerra al narcotráfico, tampoco publicó la lista de las víctimas. Ese funcionario no dio clara cuenta de la relación existente entre los funcionarios señalados como partícipes en la fallida operación “Rápido y Furioso” y autoridades y funcionarios nacionales, que colaboraron o conocieron de tal operativo. A la fecha mantiene a buen recaudo los desconocidos móviles de su pugna con el ex encargado de chantaje estatal, Juan Miguel Alcántara Soria.
Pero ahora, apenas le alcanza el tiempo en sus dinosáuricas apariciones mediáticas, para tender cortinas humo y desplegar polvaredas que distraigan la atención del respetable.
Primero, dice que nadie debe especular o lucrar electoralmente con los recursos destinados a la atención de los estragos de la sequía, cuando es la cabeza visible del esfuerzo del gobierno central para coordinar la demora y dilación de la entrega de recursos, a condición de hacer aparecer que tales recursos son obra del Ejecutivo Federal, cuando los planes de alivio corresponden constitucionalmente a la Cámara de Diputados. Sus intervenciones debieron aparecer tras la efectiva entrega de las sumas a los gobiernos ejecutores del gasto y de la presentación de los responsables que pusieron normas y trabas administrativas sobre la Constitución, anunciando su inmediato cese.
Segundo, dice socarronamente que el gobierno centralista cumple su deber cuando detecta a un delincuente y actúa con independencia de los procesos electorales. Esa, por supuesto es una verdad a medias y por tanto una mentira encubierta.
Así es, no dice nada de los ridículos operativos operados con Greg Sánchez, Arturo Zamora, Jorge Hank y Manuel Añorve, notorios rivales políticos de su mentor, a quienes nada les probaron, pervirtiendo los procesos electorales y descalificando a la democracia mexicana. Pero en un país en el que sucede un evento lamentable como el michoacanazo, oprobio en materia de derechos humanos que nos coloca como ejemplo internacional de la simulación a la protección de tales garantías, cómo se atreve a decir lo que dice.
Pero miente, al no reconocer que en nada se afecta la justicia si un proceso se inicia o ejecuta tan pronto como acaben los procesos electorales, ya que no les preocupa la posible prescripción de las acusaciones, ni la evasión de los responsables. Oportunismo y terrorismo electoral, es lo único que hay detrás de su supuesto interés en la justicia, que se hace a modo y sólo con los rivales.