Respeto a la vida, clamor mundial

Con el clamor de que no sólo las muertes producto de la guerra contra el crimen organizado deben ser atendidas, sino también las que se hacen por otros medios, grupos de la sociedad civil solicitaron audiencia con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para plantearle la situación que se vive en México.

No sólo cuentan las más de 30 mil muertes producto de la guerra contra el crimen que se registran durante el actual sexenio; hay otras más dolorosas que se cuentan por miles y que por tratarse de “crímenes físicos y también morales” se pretende cerrar los ojos a esta realidad, subrayaron.

Al cumplirse el primer aniversario de las reformas constitucionales en favor del derecho a la vida en 17 estados de la República, organizaciones de la sociedad civil del país se dirigieron a la Organización de las Naciones Unidas para dar a conocer que en esas entidades la mayoría de la sociedad trabaja en una segunda generación de cambios legales que se traduzcan en apoyos a la salud, la educación y el empleo en favor de las mujeres.

El propósito, subrayaron a la ONU, es beneficiar a la mujer, pero en particular a la mujer embarazada y a la que está en condiciones de alta vulnerabilidad, a fin de que no sea una opción cancelar su embarazo, sino que cuente con todos los apoyos necesarios para ella antes, durante y después del embarazo, además de que se brinde atención especializada al síndrome posaborto.

A través de una carta dirigida al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Magdy Martínez Solimán, y con copia al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, refieren que hasta el momento 17 estados de la República han modificado su Constitución para proteger el derecho a la vida desde su inicio en la fecundación y próximamente se realizará en otros estados más.

“En México la dignidad de la persona y la vida es un valor universal que se respeta y promueve, como el derecho número uno”, subrayaron, por lo que la esencia de estas reformas es brindar atención y acompañamiento social del Estado a las mujeres embarazadas, en toda la fase del alumbramiento y en el cuidado y desarrollo del hijo o hija nacido.

HACEN FALTA POLÍTICAS PÚBLICAS

La misiva es suscrita por organizaciones de la sociedad civil como el Instituto de Formación en Valores de Durango; Abrazamos la Vida, Protégeme desde la Concepción y el Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer de Quintana Roo; Código Mujer de Morelos; México Primer Mundo y Sé Mujer, Centro de Estudios y Reflexión de Veracruz.

Asimismo, firman la Red Pro Yucatán; Género F; la Fundación Proyección Valor; la asociación Más Humano; Hogares Maná; Sueños de Ángel –apoyo integral a niños con cáncer-; Redes Nuevas, Hogares Juveniles, Vifac y Médicos a Favor de la Vida de Yucatán; Movimiento Sí a la Vida de Aguascalientes; Familia Fuerza del Futuro; el Instituto Académico de Desarrollo Social y el Centro de Desarrollo Humano y Familiar de Puebla; el Centro Nacional Billings –Provincia Bajío-; Grupo de Mujeres Oaxaqueñas y el Patronato Pro Adopta una Niña de Oaxaca.

Todas ellas señalaron que la prioridad será garantizar la salud de las mujeres y el bienestar del bebé por nacer.

“Porque no cejamos en el trabajo para que se promuevan y ejecuten políticas públicas que en verdad beneficien a las niñas, jovencitas y mujeres embarazadas en situación vulnerable”, establecieron.

Grupos de hombres y mujeres en 17 estados de la República Mexicana se dirigieron a la ONU para dejar en claro que las reformas en favor del derecho a la vida desde su inicio en la concepción son legítimas, legales y cuentan con el voto mayoritario de los respectivos Congresos de los Estados.

Es por ello que las reformas cuentan con el decidido y amplio respaldo de los y las mexicanas organizados como sociedad civil, que preocupados por la dignidad de la persona, luchan por sus derechos universales e impulsan este elemental y primer derecho que es la vida.

En México, abortar no es un derecho, está tipificado desde hace muchos años como un delito en todos los Códigos Penales de los Estados de la República Mexicana. Incluso en el DF abortar es un delito si se practica más allá de las 12 semanas de gestación, agregan.

Sin embargo, “las excusas absolutorias de los códigos penales de cada uno de los 17 estados en donde se llevaron a cabo estas reformas en favor del derecho a la vida, se dejaron intactas, por lo que de ninguna manera llegan a criminalizar o a vulnerar la libertad y derechos de las mujeres.

“Las mujeres pueden cancelar su embarazo sin que se les aplique alguna sanción penal, cuando su vida corre peligro, si existe mal congénito, por delito imprudencial y en caso de que el embarazo sea resultado de una violación, principalmente”, aclararon.

En la misiva, las organizaciones de la sociedad civil subrayan que al mismo tiempo de las reformas constitucionales se luchó y logró que en algunos estados se sustituyera la pena de cárcel por la atención médica integral en libertad.

Las organizaciones de la sociedad civil ratificaron a la ONU su adhesión a los acuerdos, tratados y convenciones internacionales que establecen que “toda persona tiene derecho a que se le respete la vida a partir del momento de la concepción, que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad. Especialmente porque hacen énfasis en que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que el derecho a la vida está protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, ni de ninguna manera”.